Por: Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía[*].

El Perú enfrenta el riesgo real de dejar de ser un destino atractivo para la inversión minera formal. Con la reciente decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que modifica el régimen de concesiones mineras aplicable a la minería formal –aquella que se somete a las obligaciones legales, solicita permisos y es una de las actividades más fiscalizadas en el país– se hace inviable el desarrollo de la cartera de proyectos.

 Con ello, se está dejando el camino libre a la proliferación de la minería ilegal, aquella que se ha convertido en la principal economía criminal, y que mira con expectativa la oportunidad que la propia ley le dará para seguir robándole al país con total impunidad.

Sin ningún sustento técnico, y de espaldas a las opiniones del Ministerio de Energía y Minas y del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) la comisión sostiene que “todo el Perú está concesionado” y que existen “concesiones ociosas”. Una narrativa que se cae solo con revisar datos oficiales. Según el Ingemmet, solo el 17% del territorio nacional está concesionado a la minería formal, existiendo un amplio espectro de territorio que puede ser solicitado en concesión para emprender proyectos formales de exploración y explotación minera, sin necesidad de invadir las ya otorgadas.

Por su parte, la llamada “ociosidad” de las concesiones no hace más que reflejar el desconocimiento de los legisladores acerca de la debilidad institucional que impera en el sector minero, del enmarañado regulatorio, y de la complejidad técnica y operativa que caracteriza el desarrollo de un proyecto minero formal y sostenible.

Obtener una concesión no significa que una mina opere al día siguiente si es que se trata de un minero formal. Es el inicio de un ciclo largo y altamente riesgoso que exige capital y años de trabajo, desde la exploración hasta la operación. Solo la prospección y la exploración pueden tomar mínimo 15 años.

A ello se suma que la concesión minera no otorga acceso automático al terreno superficial –el titular debe negociar con propietarios o iniciar procedimientos administrativos ante el Estado–, y que cuando existen pueblos indígenas en el área de influencia se requiere una consulta previa. Solo superadas todas estas etapas, y con los permisos ambientales y sectoriales en regla, un proyecto puede avanzar hacia la producción. Esa inversión de riesgo es la que convierte nuestra riqueza geológica en desarrollo.

Por eso, pretender la caducidad de las concesiones a los 15 años –cuando un proyecto minero puede tomar hasta más de 40 años en el Perú– solo revela desconocimiento del quehacer minero por parte de los autores de un dictamen que violenta la seguridad jurídica.

En jurisdicciones mineras competitivas, como Australia, Chile y Argentina, la señal al inversionista es distinta. En Chile y Colombia, por ejemplo, se pueden desarrollar exploraciones sin certificación ambiental, la que es requerida para etapas posteriores. En Colombia, la consulta previa se aplica solo a proyectos de gran envergadura y no a etapas iniciales necesarias para promover la exploración. Estas medidas permiten que el inversionista avance sin exigencias desproporcionadas. Si queremos más exploración para asegurar nuestras reservas mineras, debemos modernizar la gestión pública con plazos razonables, respuestas oportunas y tecnología.

El sector minero sí necesita cambios para asegurar su sostenibilidad y acelerar el poner en valor los proyectos en cartera, pero no para paralizarlo y ahuyentar los capitales de inversión a otros destinos. Restar competitividad a la minería peruana es sinónimo de frenar el crecimiento económico y las oportunidades de desarrollo de todos los peruanos.

[*] Publicado en el diario El Comercio.